El día 24 de abril de 2024 se
solicitó al Ministerio Público entrevistar a los oficiales que supuestamente
habían declarado un soborno. Desde entonces, el Ministerio Público se negó a
realizar las entrevistas. Por medios legales, se solicitó una audiencia para
que el juez José Samuel Borrego Rodríguez diera la orden al Ministerio Público
de realizar las entrevistas. El pasado junio, el Lic. Eduardo Nakasima
Martínez, del Ministerio Público de Torreón, no se presentó a la audiencia y,
por lo tanto, se reprogramó para el 27 del mismo mes, en la que tampoco se
presentó el Ministerio Público. Sin embargo, llegó otro Ministerio Público en
su lugar. El juez José Samuel Borrego Rodríguez se nego que se llamara a los
oficiales, diciendo que no era necesario.
El sistema de justicia de
Coahuila está buscando evitar a toda costa el correcto funcionamiento de los
procesos legales y los derechos de Arturo Gómez Lara. Un perito de la Suprema
Corte de Justicia ya desvirtuó la declaración hecha por el Ministerio Público,
confirmando que se falsificaron los documentos para tener a Arturo Gómez Lara
en prisión.
La Constitución mexicana, en su
artículo 16, explica que se entiende por delincuencia organizada a una
organización de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o
reiterada.
Es decir, de confirmarse más casos similares, se estaría ante la
evidencia para denunciar a
dueños del grupo SIMSA, organización criminal.